Reclamar intereses abusivos

Reclamar intereses abusivos en España implica, en realidad, analizar qué tipo de problema existe en el contrato: no es lo mismo discutir un interés remuneratorio posiblemente usurario que impugnar una cláusula abusiva o unos intereses de demora desproporcionados. Si cree que está pagando de más, conviene revisar el contrato, los extractos y la forma en que se calculó la deuda antes de reclamar.

La expresión “intereses abusivos” se usa mucho en buscadores, pero no es una categoría técnica única. Según el caso, la reclamación puede apoyarse en la Ley de 23 de julio de 1908, de represión de la usura, en la normativa de consumidores sobre condiciones abusivas o en las reglas generales del contrato y sus efectos restitutorios.

Qué se entiende por reclamar intereses abusivos y qué conviene revisar primero

Cuando una persona habla de reclamar intereses abusivos, puede referirse a varias situaciones: un préstamo con intereses muy altos, una tarjeta revolving con TAE especialmente elevada, microcréditos con coste desproporcionado o una cláusula que impone demora excesiva en caso de impago.

Lo primero suele ser revisar:

• si el interés discutido es remuneratorio o de demora;
• si quien contrató actúa como consumidor;
• qué TAE, comisiones y costes reales aparecen en el contrato;
• cuánto se ha pagado y cómo se ha aplicado cada pago.

No todo interés alto es automáticamente usurario ni toda cláusula discutible es necesariamente nula. Habrá que valorar el producto, el momento de la contratación y la documentación disponible.

Cuándo puede hablarse de usura y cuándo de cláusula abusiva

La usura se analiza, como marco principal, desde la Ley de 23 de julio de 1908, de represión de la usura. Es la referencia habitual cuando se impugna un interés remuneratorio por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Este debate aparece con frecuencia en tarjetas revolving, determinados préstamos personales y algunos microcréditos.

En cambio, la cláusula abusiva se encuadra, cuando hay relación de consumo, en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Aquí la cuestión no es tanto si el precio es alto en abstracto, sino si una condición no negociada individualmente causa, contra la buena fe, un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor.

Intereses de demora excesivos

Los intereses de demora merecen un examen separado. Pueden discutirse por desproporcionados o por su carácter abusivo en contratos con consumidores, sin confundirlos con la nulidad por usura del interés remuneratorio. Por eso conviene no mezclar figuras: una misma financiación puede plantear problemas distintos según la cláusula afectada.

El art. 1255 del Código Civil puede citarse solo como expresión de la libertad de pactos dentro de sus límites legales, morales y de orden público, pero no como regulación específica de los intereses abusivos.

Qué documentación ayuda a valorar si la reclamación tiene base

Para reclamar intereses de un préstamo o impugnar una financiación, suele ser útil reunir cuanto antes:

• contrato completo y condiciones generales;
• anexos, solicitudes y comunicaciones comerciales;
• extractos, recibos, liquidaciones y cuadro de amortización si existe;
• histórico de pagos y saldo pendiente;
• novaciones, refinanciaciones o ampliaciones del crédito.

En una tarjeta revolving, por ejemplo, interesa comprobar la TAE aplicada durante toda la vida del contrato y la evolución del capital. En microcréditos o préstamos de corta duración, conviene revisar el coste total, incluidas comisiones y penalizaciones.

Qué puede pedirse en una reclamación y qué plazos conviene distinguir

Lo que puede pedirse dependerá de la acción ejercitada. Si se plantea una nulidad por usura o la nulidad de una cláusula abusiva, habrá que concretar el efecto jurídico pretendido y la devolución de cantidades que proceda en cada caso.

Aquí es importante distinguir dos planos:

• Acción de nulidad: debe explicarse con prudencia y no conviene atribuirle sin más el plazo del art. 1964 del Código Civil.
• Acción restitutoria para reclamar cantidades pagadas indebidamente: su prescripción sí conviene vincularla al art. 1964 CC, con el cómputo que corresponda según el caso y la evolución jurisprudencial aplicable.

Por eso, antes de reclamar, resulta aconsejable calcular qué importes podrían recuperarse y desde cuándo, porque no todas las pretensiones tienen el mismo tratamiento.

Cómo suele plantearse la reclamación antes de acudir a juicio

Antes de judicializar, muchas reclamaciones se preparan mediante un requerimiento extrajudicial bien documentado al acreedor o a la entidad financiera. No es una solución automática, pero puede servir para fijar la controversia, solicitar documentación faltante y abrir una negociación.

Ese escrito suele identificar el contrato, exponer por qué puede existir usura o abusividad, pedir la revisión de la liquidación y concretar, si es posible, las cantidades discutidas. Si se inicia una reclamación judicial después, habrá que valorar la acción ejercitada, el tipo de contrato, la condición de consumidor y la prueba disponible.

Errores frecuentes al reclamar intereses abusivos

• Confundir intereses usurarios con intereses de demora o con cualquier precio elevado.
• Reclamar sin contrato ni extractos suficientes.
• Dar por hecho que todas las tarjetas revolving o todos los microcréditos se resuelven igual.
• No distinguir entre la acción de nulidad y la reclamación de cantidades.
• Calcular mal lo pagado de más por no revisar comisiones, refinanciaciones o capital efectivamente dispuesto.

En definitiva, reclamar intereses abusivos exige identificar bien el problema jurídico: usura, cláusula abusiva o demora excesiva. El siguiente paso razonable suele ser reunir contrato, extractos, cuadro de amortización o liquidaciones y valorar con detalle si existe base para impugnar intereses y recuperar cantidades pagadas de más.

Fuentes oficiales o verificables

• BOE: Ley de 23 de julio de 1908, de represión de la usura
• BOE: Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios