Qué deudas se pueden reclamar

Saber qué deudas se pueden reclamar exige ir más allá de la simple existencia de un impago. En España, no toda deuda puede reclamarse en los mismos términos: habrá que revisar si existe una obligación válida, si el importe está identificado o puede determinarse, si la deuda ha vencido, si es exigible, si puede probarse y si la acción podría estar prescrita.

En términos prácticos, suelen poder reclamarse las deudas que nacen de una obligación de pago acreditable y no cumplida. Si se inicia una reclamación judicial, conviene analizar además qué procedimiento encaja mejor según la naturaleza de la deuda y la documentación disponible.

Qué deudas se pueden reclamar y qué requisitos conviene revisar

Desde el punto de vista jurídico, la base está en la propia noción de obligación. El artículo 1088 del Código Civil establece que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa, y el artículo 1091 del Código Civil recuerda que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse en sus propios términos.

Por ello, para reclamar una deuda suele ser necesario comprobar varios puntos:

• Existencia de una obligación válida, nacida de contrato, factura aceptada, reconocimiento de deuda, préstamo, servicios prestados u otra fuente legítima.
• Importe determinado o determinable, especialmente si se reclama una cantidad de dinero.
• Vencimiento y exigibilidad, porque no es lo mismo una deuda existente que una deuda ya exigible.
• Prueba suficiente del origen, cuantía e impago.
• Ausencia de prescripción, cuestión que conviene revisar antes de reclamar.

Además, no todo deriva de una regulación legal expresa. Muchas condiciones sobre plazos, intereses o forma de pago pueden depender de lo que las partes hayan pactado válidamente por autonomía de la voluntad, conforme al artículo 1255 del Código Civil, siempre dentro de los límites legales.

Qué tipos de deudas suelen poder reclamarse

Entre las deudas que habitualmente pueden dar lugar a una reclamación de cantidad se encuentran:

• Facturas impagadas por venta de bienes o prestación de servicios.
• Cuotas o plazos vencidos de préstamos entre particulares o empresas.
• Rentas de alquiler u otras cantidades debidas por contrato.
• Cantidades reconocidas en documentos privados, correos o mensajes, si permiten acreditar la obligación de pago.
• Saldos pendientes derivados de relaciones comerciales continuadas, siempre que puedan liquidarse y justificarse.

Cuando existe incumplimiento, el artículo 1101 del Código Civil prevé responsabilidad para quienes incurran en dolo, negligencia o morosidad, o contravengan el tenor de sus obligaciones. Aun así, el alcance de lo reclamable puede depender del contrato, del tipo de deuda y de la prueba disponible.

Cuándo puede haber problemas para reclamar una deuda

Los problemas suelen aparecer cuando se intenta reclamar sin una base documental clara o cuando se confunde una obligación existente con una deuda ya vencida y exigible. También puede haber dificultades si el importe no está bien calculado, si existen pagos parciales no reflejados o si la otra parte discute el servicio, el suministro o las condiciones pactadas.

Otro punto sensible es la prescripción de deudas. El artículo 1964 del Código Civil regula, con carácter general, el plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan plazo especial. Su aplicación concreta puede requerir revisar la fecha de exigibilidad, posibles interrupciones de la prescripción y la naturaleza exacta de la relación jurídica.

Por eso, antes de reclamar, habrá que valorar si la acción sigue viva y si la deuda está suficientemente definida para sostener una reclamación extrajudicial o judicial.

Cómo acreditar la deuda y qué documentación conviene reunir

Para acreditar una deuda, lo más útil es reunir toda la documentación que permita probar su origen, cuantía y vencimiento. No existe un único documento imprescindible en todos los casos: dependerá de la relación entre las partes y de cómo se generó el impago.

• Contrato, presupuesto aceptado o pedido.
• Facturas, albaranes, extractos o liquidaciones.
• Transferencias, recibos o justificantes de pagos parciales.
• Correos electrónicos, mensajes o reconocimientos de deuda.
• Requerimientos de pago previos y respuesta, si la hubo.

Cuanta más coherencia exista entre estos documentos, más sólida puede resultar la reclamación. En cambio, reclamar solo con afirmaciones genéricas o sin concretar la cantidad suele debilitar mucho la posición del acreedor.

Qué vías pueden utilizarse para reclamar una deuda

Antes de acudir a los tribunales, puede ser recomendable realizar una reclamación extrajudicial: requerimiento de pago, negociación, propuesta de calendario o intento de acuerdo. En muchos asuntos, esta fase sirve para aclarar importes, interrumpir la prescripción si procede y dejar constancia del impago.

Si no hay pago, puede valorarse la vía judicial. Una opción específica es el proceso monitorio, regulado en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se trate de una deuda dineraria, vencida, exigible, determinada o fácilmente determinable y acreditable documentalmente. No es una vía universal, pero puede encajar bien en reclamaciones de cantidad con soporte documental suficiente.

En otros casos, puede ser necesario acudir al procedimiento declarativo que corresponda, algo que dependerá de la naturaleza de la controversia, de la oposición del deudor y de cómo esté configurada la obligación de pago.

Qué conviene valorar antes de iniciar una reclamación

Antes de iniciar una acción judicial de cobro, conviene revisar si la deuda está bien documentada, si el importe es correcto, si existen intereses o penalizaciones válidamente pactados y si puede discutirse el cumplimiento propio. También es importante valorar la solvencia del deudor, porque obtener una resolución favorable no siempre garantiza el cobro inmediato.

En resumen, responder a qué deudas se pueden reclamar exige analizar obligación, prueba, vencimiento, exigibilidad y prescripción. Un siguiente paso razonable suele ser ordenar la documentación, calcular exactamente la cantidad adeudada y pedir una revisión jurídica previa para elegir la estrategia más adecuada con la menor exposición posible a errores.