Reclamar deudas entre particulares

Cuando se trata de reclamar deudas entre particulares, conviene aclarar una idea básica desde el principio: en España no existe una “ley especial” de deudas entre particulares como categoría autónoma. Lo habitual es estar ante una reclamación de cantidad derivada de una obligación civil o contractual entre personas físicas, cuyo marco principal se encuentra en el Código Civil y, si se inicia una reclamación judicial, en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En términos sencillos, reclamar una deuda entre particulares consiste en exigir el pago de una cantidad que una persona debe a otra cuando existe una obligación válida, la deuda es exigible y puede acreditarse con pruebas suficientes. La falta de contrato escrito no impide por sí sola reclamar, pero la viabilidad dependerá de la documentación y del conjunto de indicios disponibles.

Qué significa reclamar deudas entre particulares

Reclamar una deuda entre personas físicas supone pedir el cumplimiento de una obligación de pago nacida, por ejemplo, de un préstamo, un adelanto de dinero, gastos compartidos no abonados o cualquier acuerdo válido entre particulares. El artículo 1088 del Código Civil define la obligación como el vínculo por el que una persona debe dar, hacer o no hacer alguna cosa, y el artículo 1091 CC recuerda que las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse.

Para que la deuda pueda considerarse exigible, habrá que valorar si el pago ya debía haberse realizado conforme a lo pactado o, si no hubo plazo claro, desde cuándo puede entenderse vencida según la documentación y las circunstancias. No toda entrega de dinero implica automáticamente una deuda reclamable: conviene analizar si fue préstamo, regalo, anticipo, pago por cuenta ajena u otro concepto.

Qué documentación conviene reunir antes de reclamar

Antes de dar pasos formales, resulta muy útil ordenar todas las pruebas de una deuda entre particulares. Cuanta más claridad exista sobre el origen de la deuda, el importe y el vencimiento, más sólida podrá ser la reclamación.

• Transferencias bancarias, movimientos de cuenta o justificantes de Bizum.
• Contrato, recibo, reconocimiento de deuda o documento privado firmado.
• Mensajes, correos electrónicos o conversaciones donde se reconozca el préstamo o el compromiso de pago.
• Recibos de pagos parciales, aplazamientos o propuestas de devolución.
• Testigos, con cautela, porque su fuerza probatoria dependerá del caso y del resto de pruebas.

Si no existe contrato escrito, todavía puede valorarse la reclamación. En muchos supuestos, la suma de transferencias, mensajes y reconocimientos posteriores puede ayudar a acreditar la existencia de la obligación. Aun así, cada caso dependerá de la calidad de la prueba y de cómo se pueda interpretar.

Cómo encaja la reclamación en el Código Civil

El Código Civil es la base para entender por qué puede reclamarse una deuda. El artículo 1255 CC reconoce la autonomía de la voluntad, es decir, que las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre dentro de los límites legales. Esto no significa que el artículo 1255 regule por sí mismo toda reclamación de deuda, sino que permite explicar por qué un acuerdo válido entre particulares puede generar obligaciones exigibles.

Si una de las partes incumple, el artículo 1101 CC prevé responsabilidad por daños y perjuicios, intereses y otras consecuencias del incumplimiento en los términos legalmente aplicables. En materia de intereses, conviene distinguir entre los intereses pactados, si constan de forma válida, y las consecuencias que puedan derivarse del retraso en el pago, que habrá que analizar en cada supuesto.

Si se plantea la prescripción de la acción, puede ser relevante el artículo 1964 CC respecto de las acciones personales, pero no conviene afirmar plazos de forma automática: habrá que revisar la fecha de exigibilidad, el tipo de relación jurídica y si ha existido alguna causa de interrupción de la prescripción.

Cuándo puede valorarse el procedimiento monitorio

Si no hay pago voluntario, puede valorarse una reclamación judicial. En ese contexto, el procedimiento monitorio, regulado en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, suele ser una vía a considerar cuando se reclama una deuda dineraria, vencida, exigible y acreditada documentalmente.

No toda deuda entre particulares encaja sin más en un monitorio: dependerá del tipo de documentos que existan y de cómo quede justificado el importe reclamado. Precisamente por eso conviene diferenciar entre el requerimiento extrajudicial de pago y la reclamación judicial. El primero intenta obtener el pago o dejar constancia formal de la reclamación antes de acudir al juzgado; la segunda activa ya un procedimiento con efectos procesales que deben valorarse con cuidado.

Qué errores pueden dificultar el cobro

• No conservar justificantes de entrega del dinero o de pagos parciales.
• Reclamar una cantidad distinta de la que realmente puede acreditarse.
• No concretar cuándo debía pagarse la deuda o desde cuándo se considera vencida.
• Confiar solo en conversaciones informales sin recopilar soporte documental.
• Dejar pasar demasiado tiempo sin revisar una posible prescripción.
• Enviar mensajes impulsivos o amenazas, que pueden perjudicar la estrategia de cobro.

También puede complicar el caso presentar como “préstamo” lo que la otra parte sostiene que fue una ayuda, una donación o un pago voluntario. Por eso, el enfoque probatorio suele ser determinante.

Qué paso conviene dar si no hay pago voluntario

Si el deudor no paga, normalmente el siguiente paso razonable es realizar un requerimiento de pago claro, ordenado y documentado, identificando origen de la deuda, importe y plazo concedido para pagar. Ese requerimiento puede servir para intentar una solución amistosa y para preparar una eventual acción de reclamación.

Si el impago continúa, habrá que valorar la vía judicial más adecuada según la documentación disponible. En algunos casos podrá estudiarse el monitorio por deuda entre particulares; en otros, puede ser necesario acudir a otro cauce declarativo. La elección no depende de una etiqueta general, sino del contenido del acuerdo, de la prueba y de si la deuda aparece suficientemente determinada y exigible.